El último día de febrero, el Gobierno dio cumplimiento a la promesa de presentar un proyecto de ley para modernizar la carrera docente. Nadie discute la enorme relevancia de los docentes en el aprendizaje de los estudiantes y la prioridad que debe tener la calidad de su formación y de su desempeño; tampoco la necesidad de revisar y actualizar el trato que el Estado acordó con los docentes el año 1991. Los países que de manera consistente logran buenos resultados, han establecido carreras docentes que equilibran con sabiduría políticas que incluyen exigencias (presión e incentivos) y apoyo (condiciones para enseñar y aprender capacidades de los actores).

Es claro que el proyecto presentado opta por la lógica de las exigencias y no del apoyo. En efecto, el “motor de la modernización” propuestose sostiene en dos instrumentos, regulaciones sobre el ingreso a la carrera (más exigencias) y la evaluación docente, de habilidades y conocimientos (Ministerio de Educación) y de desempeño (sostenedor y director).

El proyecto, tal como está, puede llevar a varias distorsiones complejas.

Primera: ¿la tarea de mejorar la escuela se logra mediante la competencia individua lo mediantela colaboración? Cada municipio dictará un reglamento de evaluación del desempeño de su personal docente y cada director los evaluará y los agrupará en cuatro categorías, a las que se les fija el porcentaje máximo de docentes que debe incluir (por ejemplo no se puede calificar como experto a más del 20% de los profesores). Aparte de las distorsiones en la confiabilidad de sus resultados, claramente se propone un sistema de evaluación vertical, donde el incentivo está puesto en el desempeño individual de cada docente y no en lo que de verdad se sabe logra mejorar la escuela, el trabajo con otros, las altas expectativas y los compromisos compartidos.

Segunda: ¿el desempeño docente sólo mejora por la presión? Los datos establecen más relaciones entre rendimiento y nivel socioeconómico de los estudiantes, que entre dependencia municipal o particular subvencionada y resultados de aprendizaje. De allí que las necesidades de mejora del desempeño se justifican para todos los docentes, especialmente para los que trabajan con los sectores más pobres. Esta dimensión, la del apoyo a las mejores condiciones para enseñar (trabajo en equipo, asesoría, formación contínua, acompañamiento) y mayores capacidades de los docentes (didácticas, de evaluación y disciplinarias), no se visualizan en la propuesta.

Tercera: ¿qué es un buen desempeño docente? Si hay algo que el proyecto omite explícitamente, son los contenidos de un buen desempeño docente. La certificación medirá habilidades y conocimientos y el desempeño será evaluado por cada municipalidad. El proyecto desconoce el avance logrado a través del Marco para la Buena Enseñanza, que fijó los criterios para el buen desempeño docente en relación con la preparación de la enseñanza, con el ambiente para el aprendizaje, con la enseñanza para que todos aprendan y con las responsabilidades profesionales. Este documento, consensuado por el gremio docente, sostenedores y el Estado, es omitido en este proyecto. Lo que se está proponiendo es que cada alcalde resuelva el tema según su entender y criterios. El Ministerio de Educación ni siquiera guardará copia de estos reglamentos.

Complejo resulta también la falta de respuesta a la heterogénea formación inicial de los docentes que hoy ejercen, tanto en la educación municipal, como en la particular subvencionada y a la ausencia de políticas de formación continua o a la escasa relación de ésta con las exigencias del buen desempeño docente.
Es de esperar que la discusión de este proyecto disminuya algo lo que está quedando en el tintero.

Carlos Concha Albornoz
Director Escuela de Educación Continua