Los investigadores interesados en el sistema escolar chileno hemos utilizado innumerables veces los datos que proporciona el Sistema de la Calidad de la Educación (SIMCE) para describir, clasificar, tomar decisiones muestrales y/o predecir tendencias en el ámbito educativo. Los datos producidos sobre algunos aprendizajes clave de la población nacional, aun siendo parciales, indiscutiblemente han servido para generar diagnósticos, relevar inequidades y hacer sugerencias para la definición de políticas.

Desde su creación hace 25 años, el SIMCE ha sido el generador de la información más utilizada sobre el sistema educativo a nivel nacional. El diseño, la implementación y el aumento de las distintas pruebas han involucrado un enorme esfuerzo humano y financiero desde el Ministerio de Educación, así como disposición y también alto esfuerzo de parte de los establecimientos escolares y los alumnos, que son quienes rinden cada vez con mayor frecuencia las pruebas estandarizadas que constituyen el SIMCE.
Aun reconociendo lo anterior, hemos visto que el SIMCE, dada su expansión y articulación con otras políticas educativas, ya hace años pasó a ser mucho más que una batería de instrumentos de medición de aprendizajes y se situó en el centro del sistema escolar de un modo dañino para el conjunto de este.

 

Nuestra práctica de investigadores nos ha llevado a tomar conciencia y acumular evidencia respecto a los perjuicios que este sistema de medición genera en distintos niveles. Si bien estos son diversos, es posible enunciar con claridad al menos tres: i) cada vez parece más natural sugerir que los resultados de esta prueba entregan información válida sobre la calidad y el funcionamiento de un establecimiento escolar, reduciéndose la complejidad de lo que significa educar; ii) el énfasis desmedido y preocupante que el resultado SIMCE tiene, vinculándose con formas de gestionar los recursos escolares, ha arrastrado a las comunidades escolares a destinar gran parte de sus esfuerzos a responder satisfactoriamente esta prueba; y iii) finalmente la importancia indebida que ha cobrado el SIMCE conlleva un creciente estrés y malestar en el profesorado y el estudiantado, afectando las relaciones en las comunidades escolares que año a año deben lidiar con esta prueba.

Por estos motivos, como académicos comprometidos con que la educación sea un derecho social en nuestro país, queremos hacer presente en forma enfática nuestra postura respecto al actual Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, SIMCE y señalar nuestra fuerte oposición a lo siguiente:

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