Según la última encuesta nacional de violencia escolar, aplicada por el Ministerio del Interior el año 2008, prácticamente uno de cada tres estudiantes menor de 13 años y uno de cada tres docentes declaran haber sido agredidos al interior de su establecimiento educacional. La tendencia se mantiene por dependencia en el primer caso y disminuyen los casos a profesores en los particulares pagados respecto de los municipales. En relación a los conflictos entre familias y escuela se dispone, además de las gestiones que se hacen directamente ante los Tribunales de Justicia o el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) de una página web de la organización privada de padres denominada “padreseducando.cl”, que recoge denuncias y recomendaciones a este respecto.

Algunos estudios sugieren que la aplicación de normativa asociada a sanciones y castigos, es el modo más habitual que adoptan las instituciones escolares para enfrentar los conflictos. Se busca “corregirlos” o “eliminarlos” desde una lógica restaurativa del “orden alterado”, sin mediar reflexión suficiente respecto de los intereses que estuvieron en juego y que no pudieron ser acogidos y satisfechos a tiempo. Esto también se reproduce a nivel de las instancias superiores del sistema educativo, tales como el Departamento de Educación Municipal y el Departamento de Educación Provincial (Deprov) cuando los conflictos superan la capacidad de la autoridad escolar para enfrentarlos (Gubbins, Kimmelman y Venegas, 1999; Torrego, 2006).

La Ley General de Educación, actualmente vigente, no estipula mecanismos para acoger y resolver conflictos. Lo que se plantea es el deber de todos los estamentos de asegurar el respeto en las relaciones mutuas y la necesidad de un reglamento que precise normas y sanciones a nivel de la escuela. Tampoco se conocen instancias que cumplan tales propósitos, en las instituciones educacionales de carácter técnico y administrativo que acompañan el trabajo que se realiza en los establecimientos educacionales (v.g. Mineduc, Seremi, Deprov, sostenedores privados o municipales, entre otros).

Es en este contexto que la Facultad de Psicología y la Escuela de Educación Continua de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado han decidido desarrollar un programa de Mediación Escolar conjunto, dirigido a los diversos actores del sistema educacional. Se trata de contribuir a la prevención, detección temprana y solución de los conflictos entre actores de las instituciones del sistema educativo. Esto, en el espíritu de colaborar al logro de los propósitos educativos de la institución escolar, tal como se ha establecido en la Política de Convivencia Escolar y el marco de la Buena Dirección y de la Buena Enseñanza actualmente vigentes.

Este programa contempla tres líneas de acción:

1. Asistencia técnica

Constituye un espacio de trabajo y apoyo externo a los establecimientos educacionales, destinado a acompañarlos en sus procesos de definición y desarrollo de estrategias de resolución de conflictos. El acompañamiento se hace a equipos y actores institucionales y tiene como propósitos, la identificación de conflictos, el diseño de estrategias de resolución, el acompañamiento en su ejecución y la evaluación de sus resultados.