“…En la comisión Simce lo que está en juego es si se mantendrá el modelo evaluativo disminuyendo solamente el número de pruebas publicadas o si conllevará un cambio más sustancial en la naturaleza del sistema evaluativo actual.."

Discutir sobre el Simce y sus alcances implica debatir sobre una compleja matriz de políticas vinculantes situadas en un modelo de mercado escolar. La tendencia en varios países, tales como Chile, Estados Unidos, Inglaterra y Nueva Zelanda, ha sido que a medida que los gobiernos han fomentado políticas de privatización, libre elección parental y competencia entre escuelas, ello ha ido de la mano de políticas de estandarización y evaluación estatal. Por ende, sobre una mayor descentralización y dispersión en los proveedores privados y públicos, el Estado central no ha disminuido su poder, sino que más bien ha reconfigurado nuevos modos de control y de re-centralización en los (cuasi) mercados educativos. Este enfoque es conocido como “accountability performativo” o “responsabilización con altas consecuencias” (Falabella, 2014; Falabella y de la Vega, 2014).

Actualmente la prueba Simce es un dispositivo clave dentro del sistema escolar, que contempla una multiplicidad de medidas, tales como: i. metas Simce fijadas por el Estado en el Plan de Mejoramiento Educativo (en establecimientos con la Ley SEP), ii. resultados comparativos publicados en los medios, iii. información para orientar la elección escolar de los padres, iv. clasificación y “ordenamiento” de la calidad de las escuelas, v. y consecuencias ligadas a dichos resultados, como bonos salariales SNED y sanciones, que incluyen hasta el cierre de un establecimiento por resultados deficientes reiterados.