"Hoy hay una sociedad más atenta. Ciertamente que cualquier irregularidad que se detecte va a ser ahora denunciada y esa denuncia va a ser tomada en serio".

Recientemente más de 100.000 jóvenes postularon a la educación superior en el sistema de admisión unificado que cubre a las universidades del CRUCH y a las ocho privadas que, desde 2012, se incorporaron a este sistema.

El régimen de admisión posee este año un cambio de interés: la introducción del “ranking” que otorga un puntaje extra al 10% de jóvenes de mejor rendimiento de su generación. Esto significa que los buenos estudiantes tendrán más posibilidades de ingreso a las carreras que desean. La variación no es todavía muy substantiva, en la mayoría de los casos no superará los 20 puntos, pero es un cambio en la dirección correcta, cuya aplicación habrá que evaluar y mejorar, ya que contribuye a disminuir el enorme peso que tiene en los resultados de la PSU el tipo de colegio de origen (y el respectivo nivel socioeconómico de su alumnado).Es sabido que, año tras año, obtienen los 450 puntos o más (requisito mínimo para postular) solo el 57% de quienes provienen de colegios municipales y el 94% de quienes estudiaron en colegios pagados. El ranking es la primera modificación importante desde que se inició la PSU, y puede dar pie a proponer otros cambios como la inclusión de la expresión escrita, lo que redundaría en que esta vuelva a tener un espacio en la educación media acrecentando, el dominio de las capacidades culturales analíticas, que la educación media está llamada a masificar.

Sin embargo, hoy la mayor novedad es el efecto que puede tener el escándalo de la acreditación, que terminó en el cierre de la Universidad del Mar y con la angustia por su futuro de sus más de diez mil estudiantes. Esto afectará principalmente a los 220 mil postulantes que no tendrán el puntaje como para ingresar a las universidades más prestigiadas, que forman parte del sistema unificado. Ellos recibirán la publicidad de universidades que les recomiendan no dejar que su destino sea determinado por unas cuantas preguntas de una prueba y pese a las inseguridades, terminarán postulando a alguna de las tantas instituciones.

Al respecto dos consideraciones. Primera y obvia: informarse; pese a su relativo descrédito, seguir utilizando los resultados de la acreditación tanto institucional como de las carreras; Segunda, ¿están hoy los estudiantes más o menos protegidos? Estimo que están más protegidos. Hoy hay una sociedad más atenta. Ciertamente que cualquier irregularidad que se detecte va a ser ahora denunciada y esa denuncia va a ser tomada en serio. Especulemos cuál sería la acogida que el Ministerio de Educación daría hoy al Informe de la Comisión Parlamentaria Investigadora sobre el Lucro en las universidades, que fue prácticamente desconocido por el Gobierno hace seis meses o el nivel de atención que las diversas entidades públicas como la Contraloría, el Parlamento, el Consejo Nacional de Educación, la Comisión de Acreditación, están prestando al devenir de la educación superior y a su transparencia. Es un proceso de regulación y control del Estado que llega tarde, que inicia un camino que no será corto, pero que ya no volverá atrás. En suma, quienes ingresan a la educación superior el 2013 deben examinar con cuidado la información disponible, pero -pese a las apariencias- pueden estar mucho más confiados en que la sociedad y sus instituciones los acompañarán en su camino.