Por María José Valdebenito, académica y directora Magister Política Educativa y Desarrollo Escolar
Facultad de Educación
El gobierno y distintos actores vinculados al diseño de las políticas educativas han consensuado una serie de criterios que posibilitarán la compleja y, posiblemente lejana, vuelta a clases. Entre los aspectos consignados, se ha relevado la importancia de la definición de una propuesta progresiva y escalonada que, por cierto, se alinea con las disposiciones mínimas que debe poseer una política educativa frente una situación como la que estamos experimentado. El principio de flexibilidad y adecuación de las decisiones frente a los devenires sanitarios resulta ser la máxima. Sin embargo, también se requiere dar pistas sobre las líneas de acción que, anticipadamente, deben preverse para una adecuada implementación. En la búsqueda de una propuesta que permita pensar y diseñar una hoja de ruta que aborde la multidimensionalidad del desafío, a continuación se presentan sugerencias para abordar dicho proceso.
Como primer paso, el desarrollo de una iniciativa como la reseñada, exige la delimitación de propósitos, objetivos estratégicos y principios claros, orientados a la equidad y bienestar de todos los involucrados. Esto implica el levantamiento de un plan de acción a mediano plazo que involucre en su desarrollo a distintos actores nacionales, regionales y locales, vinculados al sistema educativo, al mundo social, a la salud, especialistas psico-sociales y expertos de otras disciplinas que puedan aportar a la identificación de los diagnósticos y a la demarcación alternativas.
Desde esta perspectiva, frente a un escenario multifactorial como el que nos enfrentamos, el análisis de posibles escenarios exige abrir un diálogo amplio. Las discusiones y consensos versarán sobre las necesidades económicas y materiales que permitan enfrentar los desafíos (cambios de infraestructura, la contratación de nuevo personal, nuevas tecnologías), el reconocimiento de requerimientos de asesoría en prevención sanitaria, salud mental, apoyo psicosocial y otros soportes específicos para la mejora de la gestión de los procesos institucionales y pedagógicos. En este último aspecto, el relativo a las demandas intra escolares y pedagógicas, será necesario hacer un ejercicio que permita proyectar cómo se experimentarán las nuevas dinámicas e interacciones de aula, así como el levantamiento de los temores, las expectativas y las creencias y voluntades de los miembros de cada comunidad escolar. Explorar, diagnosticar, cuantificar y cualificar cuáles son requerimientos, será un gran desafío para los docentes, lideres escolares, sostenedores, y, por cierto, hará imperativo el fortalecimiento de la redes entre los agentes locales.
Con todo, cualquier propuesta debe procurar el involucramiento activo de las comunidades, la legitimidad y la apropiación de quienes estarán a cargo de su implementación. En este sentido, las iniciativas van a requerir de una organización que recoja la variabilidad de opciones posibles de ser aplicadas en cada organización, tiempos y procesos escalonados de implementación y el fortalecimiento de mecanismos de coordinación claros, que permitan afrontar los desafíos con celeridad, pero también con cautela. Urge entonces el empoderamiento de las institucionalidades intermedias que puedan prestar soporte y apoyo a este complejo proceso. Cualquier monitoreo del mismo, deberá asumir una evaluación comprensiva, que pongan especial atención a las experiencias y a las condiciones institucionales sobre las cuales estarán operando las escuelas y, en especial, a las condiciones de bienestar, seguridad y equidad que se estarán ofreciendo.
