La educación particular financiada por el estado existe en muchos países (Holanda, Bélgica, Francia, España, entre otros), pero siempre concurren en ella dos condiciones: su gratuidad y su regulación en términos de no selección de estudiantes. En Chile, a través de toda nuestra historia educacional ha existido una relación de cooperación entre el Estado y el sector privado en educación. La modalidad actual de financiamiento compartido, que nace en 1993,fue un éxito: al año siguiente ya tenía 500.000 estudiantes, el 2001 rasguñaban el millón y en la actualidad más del 90% de la educación particular subvencionada por el Estado cobra una cuota a las familias.

Este éxito tiene una cara triste, que justifica la propuesta de eliminar el co-pago. Como consecuencia del financiamiento compartido las escuelas chilenas se han segmentado de acuerdo al precio que cobran, dándose una importante disminución de la diversidad social en su interior. Ya no es el derecho a la educación la credencial para ingresar a la escuela que posee financiamiento estatal, sino el monto adicional que la familia puede aportar en este singular mercado. Encontrará “ofertas escolares” de $3.000, $15.000 y, así, hasta llegar a los $77.000 mensuales y elegirá la suya (la que puede pagar).

Esta situación es la contracara de la escuela democrática que necesitamos. La democracia no es un dado, sino una trabajosa construcción histórica que hay que hacer y rehacer de generación en generación. La cuna de la democracia es la escuela. En ella el niño, la niña debería experimentar por primera vez la diversidad y aprender la democracia en esta experiencia. Reconocer a los otros distintos a él, como compañeros y compañeras, como iguales, pese a las diferencias sociales. Es está experiencia fundante la que el financiamiento compartido impide.

Pero la segregación escolar que distribuye a las estudiantes en las escuelas según la capacidad de pago de sus familias tiene también consecuencias en los restantes aprendizajes escolares. Diversos antecedentes han mostrado que el desempeño escolar individual está más asociado a las condiciones socioeconómicas de los compañeros de clase, que a las de la familia de origen del estudiante. Por tanto, un estudiante vulnerable que asiste a un colegio diverso, en términos socioeconómicos, tendrá muchas más posibilidades de un aprendizaje de calidad que si asistiera a un establecimiento segregado (“efecto pares”).

Para mayor abundancia, al comparar los resultados escolares (Simce), controlando el nivel socioeconómico de los estudiantes, no se observa diferencias significativas entre los colegios municipales y los particulares subvencionados con o sin financiamiento compartido.

Poner fin al financiamiento compartido no es lo único que debemos hacer para lograr una educación de calidad, más democrática e inclusiva, que nos ayude a reconocernos como ciudadanos iguales en derechos y en dignidad, pero es un paso importante y necesario en esa dirección.