“En una sociedad como la nuestra, la fuerza creadora que puede aportar una generación ambiciosa es tan poderosa como el efecto negativo de la frustración y el desencanto ante los obstáculos propios de la condición socio-económica. Posiblemente ese es el principal mensaje que nos entregan estos jóvenes estudiantes y que exige repensar nuestro sistema educativo en perspectivas de avanzar hacia el logro de mayores niveles de inclusión e igualdad”.

“Hace 30 años se viene favoreciendo el ingreso de los candidatos menos competentes a carreras de pedagogía, y las remuneraciones de los profesores resultan atractivas únicamente para los sectores más desfavorecidos de la población. Indudablemente esto impacta en el nivel socioeconómico de los profesores y en la apreciación que de este grupo tiene la sociedad, a la vez que habla de la incapacidad sistemática que evidencian los procesos de formación inicial docente para revertir la precariedad del bagaje sociocultural de los docentes que titulan”.

“¿Es necesario que los estudiantes vuelvan a movilizarse para que se produzcan cambios reales a nivel de la educación superior? La respuesta es contundente: el 57.5 % lo cree indispensable, mientras solo un 14. 6 % piensa que se puede prescindir de la calle. La respuesta visibiliza el cambio de paradigma asimilado por la generación de este nuevo milenio, quienes entienden la movilización social como un mecanismo de presión; como la ampliación del hacer política; como un instrumento efectivo para conquistar sus demandas y generar diálogos fructíferos y duraderos”.

“Otro punto clave es la percepción de resultados que tendría la aplicación de la Ley SEP, mientras más del 60% de los directores señalan que han mejorado los resultados académicos, menos de la mitad de los profesores están de acuerdo con esta afirmación. Preocupa que la percepción de los aprendizajes escolares, que es el propósito central de la Ley, no sea coincidente, sobre todo en un momento en que se encuentran sujetos a evaluación los procesos y resultados de los primeros cinco años de la puesta en práctica de la Ley SEP”.

“Es posible resumir las demandas del movimiento estudiantil en tres principales: fortalecer la educación pública, educación gratuita y no al lucro. El sentido de esas demandas es crítico a la actual mercantilización de la educación, que la transforma en un bien de consumo privado, y pretende recuperar el sentido social y de bien público de la educación. En otras palabras, se pide una educación más igualitaria que integre a la sociedad y no la segmente”.