“…no está demás sugerir que al generar colegios particulares subvencionados regulados según la ley en debate, aquellos se transforman en un ejecutor de la mayor parte de los fines públicos de la educación en una sociedad democrática. Tal vez la ley que aquí comentamos está creando educación pública sin saberlo."

Cumpliendo con su promesa de campaña y en el tiempo previsto, el gobierno de Michelle Bachelet envió al congreso una reforma educativa que aborda aspectos estructurales del sistema educativo (cuenta aparte de la iniciativa de administrador provisional en educación superior, aspecto al que no nos referiremos en este artículo). Aun cuando ya es de público conocimiento y debate político no está de más recordar las directrices de este proyecto: el término del financiamiento compartido, el fin de la selección de alumnos por parte de los colegios y el término del lucro en educación escolar subvencionada. Los tres aspectos, afectan a la mayor parte de los colegios particulares subvencionados del país y en muy poco a los colegios municipales, de ahí entonces la convulsión de declaraciones que ha provocado.

Para empezar su análisis, hay que señalar que se trata de una reforma que llega con unos 20 años de retraso y que trata de enmendar tanto lo que se hizo como aquello que no se hizo en educación por parte de los primeros gobiernos concertacionistas. En efecto, las tres directrices de esta reforma, antes reseñadas, fueron recibidas (al menos dos de ellas) incipientemente por los policy makers concertacionistas de los 90, de parte de sus homólogos de la dictadura y no solo no hicieron al respecto gran cosa por limitarlas sino que incluso, las desarrollaron. Por supuesto, no estamos hablando de sus intenciones, sino de las consecuencias históricas de sus políticas y de sus omisiones.

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