" La “empresa” educativa supone que todos los actores: sostenedores, directivos, docentes, apoderados y estudiantes comparten una finalidad y sustentan un común proyecto educativo. Esta comunidad escolar se quiebra con el lucro, ya que se instala un conflicto entre la finalidad de la educación y la finalidad de lucro."

El debatido informe de los diputados de la Comisión sobre el Funcionamiento de la Educación Superior ha puesto de relieve la discusión sobre si las universidades, que por ley son entidades sin fines de lucro, cumplen efectivamente con esa normativa. Esta discusión necesaria y legítima ha situado el tema en las universidades. Pero, ¿qué decir del lucro en los otros niveles del sistema educacional: educación de párvulos, básica y media?

Para responder a esta pregunta propongo reflexionar sobre dos afirmaciones: (1) La sociedad igualitaria y democrática a la que aspiramos necesita de una educación gratuita. (2) La educación gratuita no puede tener fines de lucro.

¿Por qué la educación obligatoria debe ser gratuita?

Los chilenos nos hemos dado un orden social democrático que utiliza el mercado como mecanismo de distribución de un conjunto significativo de bienes y servicios. Ahora bien, tanto la democracia como el mercado, exigen una educación crecientemente igualitaria y no segregada.

En efecto, la base de la democracia está en reconocer a los otros como iguales en dignidad y derechos y en aceptar que las decisiones centrales de la vida social tienen su legitimidad en la voluntad de la mayoría. El reconocimiento de los otros como iguales es un “arreglo social” que se aprende en la escuela, no solo conceptualmente, sino también a través de la experiencia escolar. Al pasar del hogar a la escuela, los niños encuentran a otros “diferentes” y se percatan que todos son tratados del mismo modo y según las mismas reglas. Imposible no advertir que esta vivencia escolar, supone escuelas integradas y no segregadas. La aceptación de la voluntad de la mayoría exige una mayoría educada.

En suma, la democracia necesita una educación que sea universal e igualitaria, que los forme a todos con prescindencia de la situación económica de las familias, como ciudadanos y ciudadanas, lo que solo se asegura con una educación gratuita.

El pago de la educación (también en su forma de copago o financiamiento compartido) es una causa cierta de su desigualdad y segregación vía precios: el que paga más lleva a sus hijos a establecimientos más caros donde crece junto a los hijos de otros que, como él, pueden pagar.

Por su parte, la legitimidad política del mercado también necesita una educación universal y gratuita. Por ser de orden “meritocrático”, supone que quienes ganan en él, lo hacen gracias a su esfuerzo y trabajo. Esta “legitimidad” solo es plausible si todos tuvieron acceso a una educación que los proveyó de las capacidades necesarias para actuar y desempeñarse bien.

Si el sistema escolar no entrega a todos una educación de creciente e igual calidad, sino que reproduce los privilegios que las nuevas generaciones traen desde su cuna, el mercado se torna ilegítimo.

Y, ¿por qué la educación gratuita no puede tener fines de lucro?

La educación “gratuita” la financia el Estado con dinero de los contribuyentes, para que todos puedan acceder a ella en igualdad de condiciones.

Es difícil no convenir en que, si se utiliza bien todo el financiamiento para educar, se entregará un mejor servicio que si se recorta una parte de esa plata como ganancia. Cualquier “economía” supondrá menos calidad, ya sea pagando menos a los docentes, invirtiendo menos en otros rubros, o en medidas que deriven en menor equidad, como excluir a los alumnos más difíciles de educar (para los que se requieren más tiempo y recursos).

Pero no se trata solo de un problema de más o menos gasto, sino de algo más profundo. La “empresa” educativa supone que todos los actores: sostenedores, directivos, docentes, apoderados y estudiantes comparten una finalidad y sustentan un común proyecto educativo. Esta comunidad escolar se quiebra con el lucro, ya que se instala un conflicto entre la finalidad de la educación y la finalidad de lucro. Mientras la finalidad educativa puede aunar voluntades, la del lucro divide el establecimiento entre el interés del dueño (ganar dinero y rentabilizar su capital) y el interés de los restantes actores.

En suma, erradicar el lucro de la educación es una disposición profundamente congruente con los valores de la sociedad igualitaria y democrática a la que todos aspiramos.